Santiago. — En una detallada presentación jurídica y sindical, la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CAT) denunció que el Estado chileno y los tribunales mantienen «secuestrada» la libertad sindical al negarse a aplicar los tratados internacionales ratificados por el país.
De acuerdo con la CAT, convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el 87, 98, 135 y 151, junto a los tratados de Derechos Humanos vigentes, son leyes de rango superior a las que debe subordinarse cualquier norma interna o dictamen administrativo, de acuerdo con los artículos 5° y 6° de la Constitución y las reglas de derogación tácita del Código Civil.
La multisindical explicó de manera sencilla por qué hoy menos del 10% de los trabajadores logra negociar en Chile, apuntando a una serie de trabas que la Dirección del Trabajo (DT) aplica de forma arbitraria:
Barreras para organizarse (Art. 227 y 229): exigen hasta el 50% de los trabajadores para crear un sindicato en empresas medianas y discriminan a los sindicatos interempresa pidiéndoles quórums desmedidos para elegir a sus dirigentes.
Negociación «sin dientes» (Art. 314 y 365): la DT sostiene que las negociaciones no regladas o las de faeneros temporales no tienen derecho a fuero ni a huelga, dejando a la gente a merced del despido.
El veto a nuevos contratos (Art. 333): la CAT denunció que la DT ha anulado negociaciones a sindicatos que afilian a nuevos socios, como ocurrió con las manipuladoras de alimentos de los sindicatos Víctor Jara, Gabriela Mistral, Los Ríos y Lo Prado frente a la concesionaria Salud y Vida.
Rompehuelgas y descuelgues (Art. 345 y 357): acusan que los inspectores no desalojan en flagrancia a los esquiroles que reemplazan turnos en huelga, y que permitir que la gente se descuelgue individualmente a los pocos días quiebra la negociación.
Abuso de los servicios mínimos (Art. 359 y 360): la OIT dice que solo son servicios esenciales aquellos donde peligra la vida o la seguridad de la población. Sin embargo, en Chile se ha llegado a calificar como esencial a las manipuladoras de colegios, obligando a los sindicatos a entregar hasta el 80% de su personal como «equipo de emergencia», lo que en la práctica prohíbe el derecho a huelga.
Ante este escenario, la CAT exigió a las autoridades laborales adecuar de inmediato su doctrina y dictámenes a los convenios OIT, garantizando la negociación ramal y el derecho efectivo a la huelga sin interpretaciones pro-patronales.
