La Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CAT-Chile) criticó la forma en que el Gobierno presentó el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 y exigió «transparencia radical», tras un editorial de La Tercera que, el 11 de octubre, calificó de «decepcionante» su puesta en escena. Para la central, el cuestionamiento confirma lo que vienen denunciando las bases sindicales: un relato de austeridad que busca maquillar el ajuste a costa de los derechos de las y los trabajadores.

Qué cuestiona el editorial

El editorial de La Tercera del 11 de octubre sostiene que la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos 2027 debería haber dejado claro cuánto pretende gastar el Gobierno y cuáles son sus prioridades. En cambio, una parte importante de la discusión ha debido destinarse a descifrar las bases de comparación usadas en los anuncios.

El proyecto contempla un gasto de $91,18 billones, que admite al menos tres lecturas: un crecimiento real de 1,5% respecto del cierre proyectado de 2026, que es la cifra anunciada por el Presidente en cadena nacional; un aumento de 2,7% frente a la ley inicialmente aprobada para este año; y uno de 3,5% frente a la llamada base ajustada, que incorpora el reajuste del sector público, las leyes especiales y los ajustes fiscales.

Según el editorial, el Ejecutivo usa la base que muestra menor expansión para comunicar austeridad y la base ajustada para explicar las variaciones de cada ministerio. Eso puede llevar a pensar que los aumentos sectoriales son recursos adicionales frente a lo que se gastará este año, algo que los antecedentes difundidos no permiten establecer. Por ejemplo, los aumentos anunciados para Salud (4,7%), Obras Públicas (8,9%), Vivienda (5,8%) y Seguridad (7%) suman cerca de $1,7 billones sobre la base ajustada, mientras que el presupuesto total dispone de unos $1,4 billones adicionales frente al gasto esperado de 2026.

Algo similar ocurre con la inversión pública: crecería 7,3% frente al gasto esperado para 2026, pero solo 1,6% frente a la ley aprobada, por lo que buena parte del repunte respondería a recuperar terreno tras una ejecución menor a la prevista y recortes anteriores.

El Ministerio de Hacienda explicó, al ser consultado, que parte de los recursos permanecen provisionados en el Tesoro Público y que su distribución podría modificar las cifras sectoriales. El editorial considera atendible esa advertencia, pero plantea que obliga a transparentar los montos y sus posibles destinos.

El texto concluye que el Congreso necesita un cuadro que conecte la ley aprobada, la base ajustada, el cierre proyectado y la propuesta 2027, con las provisiones sin distribuir identificadas. Advierte que sería cuestionable que la complejidad técnica se estuviera usando para dejar satisfechos tanto a quienes piden austeridad como a quienes quieren ver aumentos en ministerios clave, y recuerda que el oficialismo cuestionó al gobierno anterior por la fiabilidad de las cifras presupuestarias.

La posición de la CAT

La CAT sostiene que el Ejecutivo intenta «manipular las cifras presupuestarias mediante bases de comparación antojadizas» para esconder dónde se recorta y a quién se ahoga. A su juicio, las críticas a la gestión económica ya no provienen únicamente de los gremios o de la oposición, sino también de sectores afines al oficialismo, y la molestia se extiende al interior del propio oficialismo.

La organización advierte que la improvisación precariza el empleo público y privado y daña la confianza en la gestión del Estado, mientras las familias trabajadoras cargan con el peso de una economía estancada y de una crisis de desocupación que calificó de histórica.

Frente a ello, la central exige «transparencia radical», el «fin a la letra chica presupuestaria» y políticas de empleo que pongan la dignidad humana por encima de «las planillas de Excel».