Aquellos ciudadanos que acudieron a las urnas convencidos de que bastaba la sola presencia de José Antonio Kast para reactivar mágicamente las inversiones y espantar el fantasma de la cesantía enfrentan hoy una cruda resaca. El promocionado eslogan de orden y prosperidad parece haberse extraviado entre las planillas oficiales: según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la desocupación nacional trepó al 9,6%, rozando el temido umbral de los dos dígitos. Ante este escenario, la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) analizó con particular acidez el debut del plan gubernamental «Chile Despega, con más pega», una iniciativa que promete movilizar 1,3 billones de pesos (unos 1.400 millones de dólares) para generar 100 mil empleos entre 2026 y 2027, pero que para la multisindical no es más que «mucho ruido, poca pega y la misma receta».
La desilusión electoral frente a las matemáticas básicas
Para quienes votaron esperando una época dorada de certezas económicas, los números presentados por el Ejecutivo resultan difíciles de digerir. En un país con cerca de un millón de personas en búsqueda activa de trabajo, ofrecer 100 mil empleos luce, en palabras de la dirigencia sindical, como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua.
La suspicacia no es exclusiva del mundo sindical. Hasta los propios empresarios han mostrado reparos; la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, advirtió con evidente incomodidad que «tenemos que aspirar a mucho más». En la misma línea, el economista de la Universidad Andrés Bello, Benjamín Villena, desinfló el entusiasmo oficial al calcular que, incluso en el idílico caso de que la meta de puestos se cumpla al 100%, el desempleo apenas bajaría un tímido 0,3%.
Para rematar el cuadro de desilusión, la CAT recordó los diagnósticos de la Fundación SOL, donde se advierte que la cifra real de desocupación y subutilización laboral escala al 13,2% al considerar a quienes cayeron en el desaliento o están atrapados en jornadas mínimas. Lejos del prometido dinamismo de mercado, casi un millón y medio de compatriotas constatan que el «despegue» prometido en campaña ni siquiera ha encendido los motores.
La paradoja de gobernar: descubrir el Estado en septiembre
Uno de los dardos más irónicos de la central sindical apunta al eje vertebrador del plan: acelerar la inversión pública y las obras de rápida ejecución. Tras meses de retórica contra la «grasa estatal» y odas al libre mercado, La Moneda parece haber tenido una epifanía tardía al descubrir recién en primavera que la inversión del Estado es la que realmente mueve la aguja del empleo.
Sin embargo, entre el anuncio y la gestión existe un abismo que los votantes constatan a diario en regiones:
Ñuble: el esperado complejo policial de la PDI, que involucra cerca de 30 mil millones de pesos, vio frustrada su licitación original, debiendo reiniciar el proceso desde cero.
Gran Concepción: obras viales clave quedaron paralizadas y con contratos rescindidos por el Serviu, postergando cualquier reanudación hasta inicios de 2027.
Región Metropolitana: el emblemático Tren Santiago-Melipilla avanza con un 30% físico, pero sufrió la postergación de su tramo soterrado entre Lo Errázuriz y Alameda, desatando el reclamo de las autoridades locales.
Desde la CAT surge la pregunta que incomoda a las bases de apoyo del Ejecutivo: ¿por qué se necesita un rimbombante «plan de emergencia» para ejecutar lo que el presupuesto ordinario del MOP y del Minvu ya debía haber construido hace meses? Para los trabajadores, la falta de gestión y la inercia administrativa no son cifras abstractas: se traducen en licitaciones truncas, constructoras paralizadas y familias que siguen esperando un contrato que nunca llega.
¿«Modernización» o precarización con subsidio?
Donde la ironía sindical se torna más severa es al examinar la letra chica laboral del oficialismo. Mientras la vocería gubernamental sonríe anunciando subsidios para contratar, en el Congreso se reactiva la agenda de «flexibilización» que busca abaratar la mano de obra.
El proyecto de contratos por hora impulsado por el Ministerio del Trabajo —con topes de hasta 30 horas semanales o 120 al mes— es catalogado como un mecanismo de precarización encubierta. Para la central, la sospecha resulta palmaria: el costo de la crisis no se extingue, sino que se traspasa. Por un lado, las arcas públicas subsidian las contrataciones empresariales; por el otro, se merman los ingresos, la jornada y la capacidad colectiva de negociación de la clase trabajadora.
Para aquellos trabajadores que respaldaron al actual Gobierno esperando orden, estabilidad y una mejor billetera, la recompensa resulta irrisoria: contratos fraccionados, jornadas fragmentadas y la incertidumbre de no saber cuánto dinero entrará al hogar a fin de mes.
La necesidad de cambiar de avión
La declaración de la Central Autónoma de Trabajadores culmina con un balance estructural que desnuda el estancamiento del país. Citando estudios de Fundación SOL y la Fundación Rosa Luxemburgo, se evidencia el agotamiento de un esquema rentista dependiente de materias primas sin valor agregado:
El crecimiento promedio anual pasó de un 7,1% en la década de los noventa a un lánguido 2,0% en la última década.
El crecimiento de la productividad por hora trabajada se desplomó desde un 4,5% a apenas un 1,0%.
La mitad de los asalariados percibe menos de $600 mil líquidos mensuales y el pluriempleo creció un 50% desde 2022.
Para la multisindical, el problema de fondo no se soluciona con anuncios rimbombantes ni subsidios de ocasión. Mientras el Ejecutivo insista en mantener con respirador artificial un modelo extractivista de salarios bajos y escaso valor agregado, el país seguirá condenado a la misma trampa.
«No habremos cambiado el rumbo; solamente habremos puesto más combustible en el mismo avión de siempre», remató la CAT, concluyendo con ironía que la verdadera urgencia nacional no es aplaudir un despegue que existe únicamente en el papel, sino atreverse a cambiar de modelo de avión antes de que la frustración ciudadana termine por estrellarlo definitivamente.
