Santiago. — Como una «contrarreforma hecha a la medida de la patronal» calificó la Central Autónoma de Trabajadores de Chile (CAT) la agenda laboral que tramita el Ministerio del Trabajo, encabezado por Tomás Rau, junto al Ministerio de Hacienda. A través de un informe público dirigido a la ciudadanía, la multisindical encendió las alarmas sobre los cambios que se pretenden aplicar a la indemnización por despido, la jornada laboral y las remuneraciones.

El punto más álgido es la propuesta de sustituir la histórica Indemnización por Años de Servicio (un mes por año) por un fondo de aporte empresarial de apenas 1,8%, bajo la promesa de una indemnización «a todo evento» para quien renuncia. Desde la CAT aseguran que esto es un espejismo: «Lo que busca el empresariado es abaratar el costo del despido. Si echar a un trabajador sale gratis o casi nada, van a despedir a los operarios antiguos con mejores sueldos para reemplazarlos por mano de obra barata y precarizada».

La organización también denunció los intentos de intervenir la Ley de 40 Horas:

El cálculo por «promedio anual»: la CAT advierte que distribuir las horas en un ciclo de 12 meses permitirá a las empresas exigir jornadas de más de 50 horas semanales en temporadas altas sin pagar horas extraordinarias. Luego, en sectores con contratos por faena o plazo fijo, el trabajador será finiquitado antes de poder cobrar el supuesto descanso compensatorio.

Jornada por hora y feriados: rechazan la vuelta del trabajo por hora por fragmentar la previsión y la salud, así como las presiones de la CPC para quitar los feriados irrenunciables del comercio (como el 1° de Mayo o Navidad).

En materia de ingresos, la CAT demandó llevar el Salario Mínimo a $660.000 mensuales, desmintiendo que esto genere inflación. Recordaron que en 2025 el sueldo subió 5,5% en términos reales, la economía creció 2,5% y las empresas del IPSA anotaron ganancias récord de un 25%. Ajustar el sueldo a $660 mil cuesta 1.000 millones de dólares anuales, la mitad de lo que el gobierno dejó de recaudar con sus rebajas a grandes empresas.

Finalmente, exigieron terminar con la precariedad en el sector público —donde 7 de cada 10 funcionarios están a contrata y la mitad no tiene seguro de cesantía—, cumplir el incentivo al retiro tasado en UF y fiscalizar con urgencia la Ley Karin contra el maltrato laboral para evitar que se convierta en letra muerta.